Una misma operación de transporte puede involucrar exportadores, transportistas, aseguradoras y mercados ubicados en distintos países. Cuando ocurre un daño o pérdida de carga, identificar el marco jurídico aplicable pasa a ser una parte relevante del análisis.
Chile y Perú son Estados parte de las Reglas de Hamburgo, el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías. Chile ratificó el convenio en 1982 y este entró en vigor internacionalmente para el país en 1992. Perú se adhirió en 2021 y el convenio entró en vigor para el país el 1 de abril de 2022.
Una normativa internacional, contextos diferentes
En un análisis publicado por RSK en 2024, la firma abordó precisamente las diferencias entre el desarrollo del derecho marítimo en Chile y Perú y cómo esas diferencias pueden influir en la resolución de controversias relacionadas con carga.
Compartir una convención internacional no significa necesariamente que todos los conflictos se desarrollen de la misma forma. La legislación interna, los mecanismos de resolución de controversias, la documentación contractual y las particularidades de cada operación también forman parte del análisis.
La estrategia depende del caso
Antes de iniciar una reclamación o avanzar hacia una instancia judicial o arbitral, resulta necesario revisar elementos como la documentación del transporte, las partes involucradas, la jurisdicción aplicable y los antecedentes técnicos del daño.
Por eso, la gestión de un reclamo internacional exige integrar conocimiento jurídico con comprensión de la operación logística.
En su análisis sobre Chile y Perú, RSK plantea precisamente que la interpretación de las normas y el conocimiento del contexto local son herramientas relevantes para buscar soluciones adecuadas en conflictos derivados del transporte marítimo.